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Estado Español / Petróleo e hidrocarburos

Nuevas concesiones para buscar petróleo en el mar en el Estado español

Nuevas concesiones para buscar petróleo en el mar en el Estado español

El Gobierno entrega concesiones para buscar petróleo en la costa mediterránea a Repsol, Seabird Exploration y Cairn Energy.

El Gobierno demuestra una vez más su apuesta por un modelo energético basado en los combustibles fósiles, aunque por ello sacrifique la calidad de tierra, mar y aire. A las numerosas y extensas concesiones de exploración de gas de esquisto [fracking] que han puesto en pie de guerra a plataformas ciudadanas en varias regiones, ahora se añaden las concesiones para encontrar petróleo en la costa mediterránea. Repsol, Seabird Exploration y Cairn Energy dispondrán de millones de hectáreas de superficie marina para buscar más hidrocarburos.

En 1981, Repsol inició la extracción de petróleo en la plataforma Casablanca, a decenas de kilómetros del delta del Ebro. Su producción, junto a los pozos Boquerón, Rodaballo y Chipirón, es anecdótica (2.000 barriles diarios) si se compara con el consumo de 1,31 millones de barriles diarios en el Estado español.

En el delta del Ebro

Desde el pasado 20 de octubre se triplicó la producción gracias a los nuevos pozos de Lubina y Montanazo, situados en aguas profundas –más de 300 metros de lámina de agua–, “lo que genera pocas garantías de seguridad técnica”, como denunciaba en 2011 la plataforma tarraconense Futur o Petroli, formada por organizaciones ecologistas locales. De hecho, un nutrido historial de vertidos, ocurridos en la zona de operación y desplazados en forma de manchas de chapapote a las turísticas playas de Tarragona, avalan los temores ecologistas y refuerzan la creencia popular de que la empresa es intocable. El recuerdo de las declaraciones de Teresa Pallarés, subdelegada del Gobierno en Tarragona, que aseguró en 2010 la evaporación “en un fin de semana de condiciones metereológicas óptimas” de una mancha de 1.900 hectáreas de crudo, quedarán para la posteridad. En esta ocasión, la compañía fue multada con la suma de 30.000 euros, aproximadamente un 0,3% de sus beneficios netos diarios.

La apuesta mediterránea de Cairn Energy

 

En la misma línea, una pequeña empresa con operaciones marginales en Groenlandia, Mar del Norte, Albania y Marruecos ha puesto el ojo el las aguas de nuestro litoral. El pasado 17 de enero el BOE hacía eco de la solicitud de la empresa Capricorn Spain SL, filial española de la multinacional escocesa Cairn Energy, de explorar hidrocarburos en doce nuevos lotes en el entorno del Cabo de Creus. Éstas alcanzarían más de un millón de hectáreas mar adentro (unos 11.500 kilómetros cuadrados), afectando las aguas de la Costa Brava y el Maresme y amenazando las Reservas Marinas del Cap de Creus y las Illes Medes. Estos permisos se añadirían a las 400.000 hectáreas de superficie marina en el litoral valenciano, donde espera la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para realizar exploraciones sísmicas 3D y por el cual, abrió oficina en Madrid creando cuatro puestos de trabajo: un geólogo, un geofísico, una telefonista y un relacionista corporativo.
Un informe explica el daño que genera en los cetáceos la actividad sísmica para buscar petróleo
El 31 de diciembre, el BOE publicaba la solicitud de Repsol para iniciar una nueva fase de exploración sísmica 3D. Con una inversión de dos millones de euros, la compañía repasará, con la ayuda de ocho aparatos de ondas sónicas, las estructuras geológicas a 3.000 metros de profundidad del subsuelo marino. Ecolo­gistes en Acció presentó puntualmente alegaciones y manifestó la necesidad de paralizar el proyecto. Denuncian las evidencias científicas que alertan del impacto de la actividad sísmica sobre cetáceos, algo que la compañía indirectamente reconoce, al afirmar que la actividades “se ejecutarán en un período en el que no transiten cetáceos”. Biólogos marinos consultados al respecto dudan de que estos mamíferos marinos dejen de pasar por la zona en ninguna época del año.

 

 

De hecho, la misma empresa ha sido cuestionada por este hecho en los nueve bloques que opera frente a las islas de Fuerte­ventura y Lanzarote, donde, a principios de 2012, anunciaba que podrían suministrar, si no lo impide la oposición local, el 10% del consumo de petróleo del Estado
español. En 2002, un informe de la Univer­sidad de La Laguna ya recogía evidencias del daño que generan los disparos de aire comprimido (air guns) en los tejidos corporales y estructuras auditivas, así como cambios de rutas migratorias y alejamiento. También numerosos artículos científicos vinculan las actividades de exploración sísmica con la reducción de capturas de especies comerciales, algo que desde hace años denuncian los pescadores de la Cofraria de Pescadors de l’Ametlla, población vecina al delta.

 

Peinando el mar

 

En un contexto de agotamiento global de petróleo, algunas compañías apuestan por buscar nuevos yacimientos. En junio de 2011, la noruega Seabird Exploration solicitó al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino los permisos para realizar una campaña sísmica “en áreas libres del golfo de León, frente a las costas de Catalunya y Baleares”. Seabird Exploration es una compañía especializada en la obtención de datos sísmicos que más tarde transmite directamente a sus clientes, grandes petroleras como Total, BP, Chevron o Shell, o a quien pague más por ellos. Se trata, según la jerga petrolera, de una campaña “especulativa”: hacen la sísmica y luego la venden a otras compañías.
La noruega Seabird Exploration pidió permiso para una campaña sísmica frente a las costas de Cataluña
La fragmentación de los proyectos hidrocarburíferos entre diferentes empresasaumenta todavía más las condiciones de impunidad ambiental: “En caso de una merma considerable de la pesca, por ejemplo, la sociedad no podrá apuntar a sus responsables”, advierte en Catalunya un activista de la Plataforma de Seguiment de les Indústries Extractives (PSIE). En 2002, por ejemplo, una empresa con sede en Texas, TGS, ya hizo una campaña sísmica desde Castelló hasta Xàbia, ante el completo desconocimiento de la opinión pública.

 

La apuesta mediterránea de Cairn Energy

En la misma línea, una pequeña empresa con operaciones marginales en Groenlandia, Mar del Norte, Albania y Marruecos ha puesto el ojo el las aguas de nuestro litoral. El pasado 17 de enero el BOE hacía eco de la solicitud de la empresa Capricorn Spain SL, filial española de la multinacional escocesa Cairn Energy, de explorar hidrocarburos en doce nuevos lotes en el entorno del Cabo de Creus. Éstas alcanzarían más de un millón de hectáreas mar adentro (unos 11.500 kilómetros cuadrados), afectando las aguas de la Costa Brava y el Maresme y amenazando las Reservas Marinas del Cap de Creus y las Illes Medes. Estos permisos se añadirían a las 400.000 hectáreas de superficie marina en el litoral valenciano, donde espera la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para realizar exploraciones sísmicas 3D y por el cual, abrió oficina en Madrid creando cuatro puestos de trabajo: un geólogo, un geofísico, una telefonista y un relacionista corporativo.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/nuevas-concesiones-para-buscar-petroleo-mar.html

 

Estado español: La alarma por el “fracking” llega a Cataluña

Estado español: La alarma por el “fracking” llega a Cataluña

La petición de una empresa canadiense y una británica para buscar gas y petróleo en la Cataluña interior pone en guardia entidades e instituciones locales

La técnica de extracción hidráulica está prohibida en algunos países


Autor: David Marín

 

La petición de la multinacional canadiense R2 Systems de realizar prospecciones en busca de gas no convencional y petróleo en el subsuelo de dos grandes áreas de la Cataluña interior, una alrededor de Osona (bautizada como proyecto Leonardo) y otra en las comarcas leridanas de la Segarra y la Noguera (proyecto Darwin), ha provocado la alarma en relación al fracking. Se añaden a un tercer proyecto en la comarca del Ripollès, impulsado la británica Teredo Oils. La Generalitat ya ha dado permiso a la primera fase de investigación del Ripollès, y todavía no ha dado luz verde a las de Osona y Ponente.


Estos expedientes han hecho surgir la Plataforma Antifracking de Cataluña, constituida en Cervera el 24 de noviembre con entidades ambientalistes, ciudadanas y partidos políticos. Algunos ayuntamientos y consejos comarcales han aprobado mociones de rechazo al fracking .


Se trata de una técnica de extracción de reservas de petróleo y gas que están incrustadas en las rocas, mediante la inyección de agua y compuestos químicos que fragmentan la roca y liberan el gas y el petróleo. Tanto en la Segarra cómo en el Ripollès y la Garrotxa se encontraron durante el siglo XX indicios de pequeños yacimientos, pero de difícil extracción. El fracking, ahora, podría extraer estos materiales. Los detractores de la técnica alertan que libera componentes químicos contaminantes al subsuelo, envenena las aguas freáticas, consume gran cantidad de agua, y genera tránsito y residuos en superficie. “Además, es muy depredadora del suelo, puesto que cada pozo de extracción necesita mucha superficie y hay que hacer varios pozos a lo largo del territorio afectado”, apunta Jaume Moya, de la plataforma segarrenca Foro la Aspillera.


El fracking o fractura hidráulica se conoce desde hace años, pero hasta hace poco era una técnica demasiada cara. Ahora, con una crisis energética al horizonte por el agotamiento de los yacimientos convencionales, se está extendiendo rápidamente, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay una fuerte polémica por las consecuencias ambientales. En Europa, el Estado francés ha prohibido la práctica. No es el caso del Estado español, donde ya se han autorizado algunas prospecciones. Fuentes de Territorio y Sostenibilidad afirman que la Generalitat “es consciente del debate existente en la UE sobre los riesgos” del fracking y espera que se clarifique la legislación europea. Mientras, sostienen que se tramitará “cada una de las prospecciones con la aportación de toda la información que haga falta respecto a los productos químicos empleados”, y con las “fianzas de restauración y garantías monetarias de responsabilidad ambiental” que prevé la normativa actual.

También en Castelló


El movimiento antifracking se ha instalado también con fuerza en el País Valencià, sobre todo en Castelló, donde Montero Energy Corporation, filial de R2 Systems, ha solicitado permisos para tres proyectos de investigación de hidrocarburos. El impacto de las posibles prospecciones afectaría un total de 41 municipios, principalmente de las comarcas del Maestrat y els Ports. En total, hay 195.000 hectáreas amenazadas por las intenciones de R2 Energy, que a través de la filial ha tramitado 11 permisos en todo el Estado.

Fuente: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/601011-lalarma-pel-fracking-arriba-a-catalunya.html

Blog de la plataforma: http://aturemfracking.wordpress.com/

Presentación del Curriculum Oculto de Repsol

Presentación del Curriculum Oculto de Repsol

El cuidado de la imagen corporativa de las grandes compañías energéticas es un asunto relevante para mantener tanto al consumidor/a como al accionista en una postura poco crítica respecto a sus actividades. La desinformación -mediante informes de RSC, publicidad, instrumentalización política o galardones ambientales- es una práctica reconocida en Repsol, que le garantiza un cierto campo de impunidad en los países donde opera. Sin embargo, son numerosas las denuncias públicas que ponen en entredicho la responsabilidad de la compañía y aumentan su deuda ambiental. Varias organizaciones sociales han sacado hoy a la luz estos impactos.

 

REPSOL EN DEUDA Currículum oculto de una compañía irresponsable Desmontando las mentiras sobre Repsol

La construcción y el cuidado de la falsa imagen corporativa de las grandes compañías energéticas es un asunto relevante para mantener tanto al consumidor/a alejado/a de la realidad como al accionista en una postura poco crítica respecto a sus actividades. La desinformación -mediante informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), publicidad engañosa, instrumentalización política o galardones ambientales- es una práctica reconocida en Repsol, que le garantiza un cierto campo de impunidad en los países donde opera. Sin embargo, la imagen de Repsol está siendo deteriorada por numerosas denuncias públicas que ponen en entredicho la responsabilidad de la compañía, desmontan su discurso y señalan su deuda ambiental y social. A continuación se resumen las más conocidas.

1. Privatizaciones irregulares y expolio de los recursos

En abril de 1999, Repsol lanzó una OPA a YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina) en la bolsa de Nueva York por el monto de 15.000 millones de dólares, en un momento en que el barril estaba a 15 dólares (hoy cuesta 120). En la tasación, la consultora financiera y banca de inversión Merrill Lynch redujo deliberadamente un 30% su estimación de las reservas explotables con el objetivo de subestimar el valor de la empresa antes de la venta. En la transacción se entregaron ilegalmente las acciones que los trabajadores de YPF tenían de su empresa, hecho que motivó un juicio histórico impulsado por los miles de familias afectadas que esperan todavía cobrar aquello que era suyo (Denuncia Penal 8568/99) (1) . Repsol compró YPF por 13.158 millones de dólares en 1999. Ahora la empresa española se retiraría con un saldo positivo de 8.813 millones de dólares, aún sin indemnización.

En Bolivia, Repsol, a través de las empresas subsidiarias YPF y Pluspetrol y el intercambio de activos con Pérez Companc, se adueñó de Andina S.A., empresa de propiedad estatal con la mitad de los yacimientos explorados y productivos de la población boliviana. Pero no pagó nada por ello, sino que prometió invertir el valor patrimonial de la empresa en cuestión. Esta operación durante el gobierno del hoy prófugo Sánchez de Losada se considera como uno de los mayores despojos de la historia boliviana.

2. Política de sobreprecios Repsol ha sido reiteradamente denunciada por beneficiarse de prácticas de monopolio para aplicar una política de sobreprecio en los combustibles (especialmente de cara a las poblaciones más empobrecidas).

En Argentina, Repsol concentraba el 55% de la producción de butano, el 64,5% del transporte y el 78,2% del almacenamiento. Entre 2001 y 2003, Repsol subió el precio de la garrafa de entre 8 y 9,5 pesos a 25 y 30 pesos (30 pesos son 8,20 EUR al cambio del 31 de diciembre de 2003). Según la Defensoría del Pueblo, la transferencia directa de los precios a los/as consumidores/as generó un beneficio empresarial de más de 4.600 millones de dólares en los últimos años (2).

Por otro lado, Repsol controla toda la cadena de producción y suministro de gas en Perú. En 2010 hubo en este país varios muertos en movilizaciones en la provincia de La Convención contra los aumentos constantes en el precio del gas licuado del petróleo (GLP) de consumo doméstico, mientras se exportaba a precios muy bajos. Todo ello significaba una transferencia de renta de los sectores más empobrecidos a la empresa Repsol y el incremento de sus abultados beneficios (en 2010 el beneficio neto fue de 4.693 millones de euros; en 2011, de 2.193 millones de euros).

Repsol integra verticalmente toda la cadena de producción y suministro de gas en Perú. Los sobreprecios al gas doméstico significa una transferencia de renta de los más pobres a los ya de por sí abultados beneficios (10 millones de euros diarios el año pasado).

3. Pasivos Ambientales: contaminación y deterioro ecológicos

Repsol posee un abultado historial de responsabilidad en la generación de pasivos ambientales. En la costa de Tarragona, ha ocasionado al menos 8 derrames en los últimos 6 años (3). En Argentina, ha sido vinculada con varios derrames en las terminales portuarias de Caleta Olivia y Caleta Córdoba. En Brasil, se han reportado vertidos en sus bloques de explotación en las costas de Río de Janeiro. En Bolivia, ha sido denunciada por vertidos en los terrenos de extracción Mamoré, Caipipendi y Sécure. La exportación de petróleo en el Oleoducto Sica Sica Arica (Bolivia, 2000) provocó un vertido de 29.000 barriles en la cuenca del río Desaguadero, afectando a 200 comunidades campesinas. En Ecuador, en el bloque 16, donde Repsol obtiene crudo, se han denunciado numerosos derrames, así como el vertido anual de aproximadamente 180.675.000 barriles de aguas de formación (muy contaminantes por su salinidad y concentración de metales pesados) (4).

En Perú, desde el inicio de producción en Camisea (lote 88) se han detectado al menos 8 derrames, deteriorando sensiblemente la pesca del río Urubamba e incluso generando episodios severos de contaminación pública. En Colombia, las repetidas roturas del oleoducto Caño Limón Covendas han contaminado sistemáticamente el departamento de Arauca.

Por otro lado, se han denunciado episodios de contaminación atmosférica en la mayoría de sus refinerías: en Tarragona un estudio de la Universidad Rovira y Virgili detectó la emisión de moléculas prohibidas en zonas urbanas, en Cartagena los/as escolares se han manifestado con máscaras denunciando la contaminación, en Muskiz son semanales las protestas de los/as vecinos/as contra la planta de Coke, en Luján de Cuyo (Argentina) se descubrieron manejos irregulares de residuos tóxicos, como el entierro o la quema en fábricas de cemento (5).

Se han denunciado también impactos generados por la exploración sísmica en el mar en Argentina, donde los/as pescadores/as se movilizaron en 2010 por ver su fuente de ingresos amenazada (6). En Canarias también se han denunciado los impactos en cetáceos por las actividades de exploración de Repsol..

4. Daños a la salud pública

En Argentina, las comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la contaminación de aguas en la Loma de la Lata. Los datos que aportaron son contundentes: el suelo y el aire están contaminados. Estudios constataban también una cantidad muy por encima de la media de cáncer, abortos y malformaciones. La Corte les dio la razón. En marzo de 2002 presentaron una demanda de 445 millones de dólares a Repsol para que reparare los impactos a la salud psico-física, la fauna, la flora y la cultura de sus comunidades (7).

En Perú y Ecuador, se han detectado cuadros epidemiológicos complejos en las zonas con más años de producción petrolera. Por otro lado, plataformas ciudadanas como Cel Net ( Tarragona) denuncian ocultamiento de datos epidemiológicos sobre los índices de cáncer en la población.

5. Invasión territorial

La presencia de Repsol en territorios indígenas vulnera los derechos básicos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Nº169 de la OIT. Se ha denunciado la inexistencia o falsedad de consultas en Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Entre otros pueblos afectados están: mapuches, wichis (Argentina); guaranís, weenhayek, moxeños, chimanes, yurakarés, tacanas, esse ejjas (Bolivia); matsiguengas, ahaninkas, piros, nahuas, shipibos (Perú); huaoranis (Ecuador); u´was, guahibos, sicuanis, cofanes (Colombia). La industrialización de los campos petroleros, imprime una huella imborrable en los territorios indígenas, deteriorando la calidad de vida, los recursos naturales, la paz y la cultura de los pueblos (8).

6. Amenaza a los pueblos en aislamiento voluntario

Varios bloques de Repsol afectan a los territorios de pueblos en aislamiento voluntario, amenazando su supervivencia. En Perú, Repsol defiende sus intenciones de operar en el interior del lote 39 afirmando la inexistencia de grupos huaoranis y záparos. Sin embargo, organizaciones indígenas y ONGs internacionales presionan al gobierno para la creación de la Reserva Territorial Napo Tigre en base a pruebas que demuestran la existencia de grupos en aislamiento voluntario.

También se han denunciado el avance de la frontera petrolera al interior de la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nanti, afectada por el lote 88, donde Repsol es accionista (9). Lo mismo sucede con las actividades del lote 76 (Repsol- Hunt Oil) al interior de la Reserva Comunal Amarakaeri.

7. Destrucción de áreas protegidas y de la biodiversidad

Las actividades de Repsol ponen en peligro áreas protegidas por su biodiversidad. Entre ellas, la Reserva de la Biosfera Norpatagónica, la Reserva Ramsar Laguna Llancanelo (Argentina); el Parque Nacional Amboró, P. N. Aguaragüe, P.N. Madidi, P.N.Sama, Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, Reserva de la Biosfera Pilón Lajas (Bolivia); Área de Amortiguación del P.N. Otishi, Reserva Comunal Ashaninka, R.C. Matsiguenga (Perú) (10); P.N. Yasuní (Ecuador) y P.N Sierra Nevada del Cocuy (Colombia).

8. Violaciones de los Derechos Humanos

Es difícil afirmar que Repsol mantiene una política creíble de respeto a los derechos humanos observando los numerosos países con regímenes dictatoriales o en conflicto bélico donde opera la compañía. Repsol tenía buenas relaciones con Gadafi hasta semanas antes de agresión militar de la OTAN contra este régimen. También está presente en Irak, Argelia, Egipto, Nigeria, Kazajstán, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona. Países donde regímenes antidemocráticos, autoritarios y opresores fortalecen su poder en base a las regalías del petróleo (11).

Repsol ha sido involucrada en episodios de represión policial-militar a la población, como ocurrió en el caso de movilización social contra la exportación del gas boliviano a Estados Unidos, conocido como La Guerra del Gas de 2003 en Bolivia (todavía bajo un gobierno de extrema derecha), en las movilizaciones contra el expolio de los recursos naturales por empresas multinacionales en Cuzco de 2010, o Pico Truncado y Las Heras en Argentina en 2004. También se ha vinculado a Repsol con la militarización, la presencia del paramilitarismo y la comisión de graves crímenes de lesa humanidad (como desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas de muerte, etc.) en el departamento de Arauca (Colombia) (12):

“En 2003, efectivos del ejército, los mismos que resguardan el Pozo Capachos de Repsol YPF ingresaron en la comunidad indígena Betoyes disfrazados de paramilitares. Tras asesinar tres hombres y una mujer, violaron a cuatro chicas, una de ellas embarazada. Los hechos dejaron 98 familias desplazadas preventivamente de su comunidad, a pocos metros del Pozo Capachos” (13).

La reciente militarización en 2012 de la Cordillera Vilcabamba (Perú) obedece a la defensa de los intereses privados de Transportadora Gas del Perú (TGP- consorcio en el que Repsol es un gran accionista) para proteger el gasoducto Camisea y evitar cualquier protesta social, generando importantes impactos sociales.

9. La apuesta por los recursos “no convencionales”

Repsol presume de ser “pionera” la explotación la extracción y transformación de recursos –así llamados- no convencionales, como las contaminantes arenas bituminosas, y el petróleo y gas de esquisto. La fractura hidráulica, técnica para extraer gas de los esquistos, viene acompañada de la generación de importantes pasivos ambientales, relacionados sobre todo por un consumo exorbitado de volumen de agua y la contaminación de los acuíferos, como ha ocurrido ya en las regiones pioneras en esta técnica. Algunos países como Francia o Bulgaria han optado por una moratoria a esta actividad. Sin embargo, Repsol apuesta por esta técnica y en 2011 anunció el descubrimiento del reservorio más grande del mundo de gas de esquisto en la desértica estepa patagónica en Argentina, y en octubre 2011 informó de que ya estaba extrayendo 5.000 barriles diarios. En la misma región Repsol ha contaminado las fuentes de agua dulce y envenenó la población local (como el muy afectado pueblo Mapuche). Muchos de los productos químicos que se usan con la fractura hidráulica son cancerígenos y tóxicos, siendo una amenaza para la población y los trabajadores.

10. Asumiendo riesgos tecnológicos

Repsol apuesta por la perforación de pozos en aguas profundas (off shore), a pesar de existir serias dificultades técnicas que se traducen en riesgos reales de vertidos (como ocurrió en 2010 con la plataforma de BP que explotó en el Golfo de México causando una de las mayores contaminaciones de la historia en EEUU). Repsol explora en aguas profundas de Brasil asociada a la compañía china SINOPEC, habiendo sido detectados numerosos vertidos en los últimos meses. En aguas colombianas, Repsol se propone realizar exploraciones y explotaciones petroleras en los Cayos del Norte, parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El proyecto ha levantado la oposición del pueblo indígena raizal y de organizaciones ambientalistas en defensa de los sistemas coralinos del conocido Mar de los Siete Colores. En Canarias y Tarragona Repsol también apuesta por producir petróleo en aguas profundas. En 22 de diciembre de 2010 se detectó una fuga de 1.900 hectáreas, producido “por un descuido humano” en la Plataforma Casablanca, a 53 kilómetros de la costa de Tarragona.

11. Cambio Climático

La combustión de petróleo es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Con una producción diaria en 2011 de 298.791 barriles – sin contar la producción de YPF- esto significa una emisión de 132.663 toneladas diarias de CO2. Además de contaminar, participa en grupos de lobby que bloquean las iniciativas de reducción de emisiones a nivel global o fomentan instrumentos como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (u otros mercados de carbono) y la Captura y Almacenamiento de Carbono, que no suponen una reducción de las emisiones ni un cambio de la matriz energética, sino que perpetúan el actual modelo energético injusto e insostenible. Comunidades mapuches de Neuquén (Argentina, 2005) hace años que denuncian la usurpación de sus tierras para proyectos de este carácter (14).

12. Enquistando un modelo de sociedad petrodependiente

Repsol promueve modelos de producción y consumo así como estilos de vida energívoros para perpetuar su negocio. A través de vectores mediáticos, promueve el consumo irracional de recursos como los deportes motorizados (como en el caso del patrocinio de carreras de motos y Fórmula 1). A través de mecanismos de clientelismo, soborno y puertas giratorias, instrumentaliza el poder político gobernante para evitar el pago de impuestos y la implementación de políticas de transición hacia otros modelos económicos basados en fuentes de energía limpia y descentralizada.

13. Sin beneficios para la sociedad

Repsol es un ejemplo de empresa que evade impuestos. Es una de las multinacionales con sede en España (que no española) que cuenta con más presencia en paraísos fiscales, en donde tiene 13 filiales a través de las cuáles minimiza el pago de impuestos. Además, Repsol no crea empleos, sino que los ha estado destruyendo. El ejemplo de YPF en Argentina tras su compra es paradigmático, pues miles de personas en plantilla fueron despedidas. Además, la búsqueda de la competitividad le ha llevado a rebajar las condiciones de seguridad de sus plantas, lo que está detrás de la muerte de 9 trabajadores en la refinería de Puertollano y continuos accidentes laborales en sus diferentes instalaciones..

14. No es una empresa “española”

Repsol no es una empresa “española”, simplemente tiene su sede de la matriz en el Estado español. La mayoría de su accionariado está radicado en el exterior. Además, la defensa de sus accionistas es la defensa de los intereses privados de un porcentaje ínfimo de la población en detrimento de los derechos universales de las mayorías. Si Repsol no hubiera sido privatizada hoy sería más viable -mediante un control público- impedir su salida al exterior y la comisión de delitos o crímenes, así como acometer su reestructuración o desmantelamiento.

15. Retribuciones millonarias para sus directivos

Toda la actividad de Repsol, con los consiguientes impactos descritos, responden a la única lógica de la acumulación de beneficios, que, en plena crisis económica, social y ecológica, se traduce en sueldos multimillonarios para sus directivos. De acuerdo con datos publicados en febrero de este año, el presidente de la compañía, Antonio Brufau, cobró en 2011 nada menos que 7 millones de euros, y el consejo directivo recibió en total 16,3 millones de euros de retribución (frente a los 11 millones de 2010). Por su parte, la alta dirección de la petrolera, formada por 10 ejecutivos, recibió 18 millones de euros, es decir, un 44 % más que los 12,5 millones de 2010 (15).

Actual accionariado de Repsol (16):

(1) Ver htpp://extrabajadores.tripod.com.ar

(2) Ricardo A. De Dicco, «El precio de la garrafa del gas», Le Monde Diplomatique, Abril 2002. Rubén Giustiniani, «Pobres vs Oligopolios», Página 12, abril 2005.

(3) Diagonal. Número 141 http://diagonalperiodico.net/En-sei...

(4) Acción Ecológica-CONAIE, Atlas Amazónico del Ecuador, Quito, enero 2006, pág. 38-51.

(5) “Repsol y sus petroquímicas” http://diagonalperiodico.net/Repsol....

(6) “Tensión en la monoboya de Repsol en Caleta Olivia”http://repsolmata.ourproject.org/sp...

(7) Marc Gavaldà, Viaje a Repsolandia¸Revista Ecología Política, Nº29, Icaria, Barcelona junio 2005.

(8) Ver panorama regional en: Marc Gavaldà, La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2003.

(9) “La historia se repite para los pueblos aislados de la Reserva del Estado Nahua Kugakapori” http://www.kaosenlared.net/noticia/...

(10) “ El desembarco de la modernidad, la sombra de Repsol en Nuevo Mundo”http://servindi.org/actualidad/50232, “Repsol barrerá 5.000 km2 en reservas comunales” http://servindi.org/actualidad/48268

(11) Ver por ejemplo: Gladys Martínez López, «Guinea Ecuatorial: la dictadura tolerada», Diagonal. www.periodicodiaonal.net

(12) Amnistía Internacional Colombia, Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca. Amnistía Internacional. Colombia, abril 2004

(13) Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos, Saravena, Colombia, 2003

(14) Marc Gavaldà y Hernán Scandizzo, Patagonia Petrolera, Bardo Ediciones, Barcelona, 2010

(15) Expansión, 29/02/2012

(16) http://www.repsol.com/es

Gobierno español respalda las violaciones de derechos humanos cometidas por Repsol en Argentina

Gobierno español respalda las violaciones de derechos humanos cometidas por Repsol en Argentina

Organizaciones sociales denuncian que, con su apoyo diplomático abierto, el Gobierno español respalda las actuaciones de Repsol-YPF, cuyo desempeño provoca graves impactos sociales y ambientales y continuas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas, la muerte de personas a consecuencia de la contaminación industrial, la última producida el pasado 23 de abril.

Durante las últimas semanas estamos asistiendo a un despliegue de recursos materiales y diplomáticos por parte del Gobierno español para defender los supuestos intereses generales del Estado en el caso de la expropiación de YPF, aprobada por Argentina. Este apoyo sin precedentes a un sujeto privado como es Repsol, consagra un modelo de diplomacia centrada exclusivamente en la defensa de las inversiones empresariales en el extranjero, en detrimento de otras consideraciones como la defensa de los derechos humanos, o el respeto al medio ambiente.

Con este respaldo, el Gobierno avala el modelo extractivo practicado por esta transnacional en Argentina, el cual ha causado innumerables problemas a la población local desde que la empresa YPF fue absorbida por Repsol, en el año 1999. Desde entonces, la contaminación de las aguas con metales pesados en el yacimiento de Loma de la Lata -el mayor del país, situado en la provincia de Neuquén- ha sido reconocida por los tribunales argentinos, y planteada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

La contaminación hídrica ha provocado gravísimos problemas de salud -abortos, dermatitis y cefaleas crónicas- e incluso la muerte de varias personas. La última de ellas fue Cristina Cherqui, mapuche de 55 años, que falleció el 23 de abril después de que se detectara una presencia de metales pesados en sangre muy por encima de los niveles considerados normales.

Además de los problemas de salud y contaminación medioambiental, las actuaciones de Repsol-YPF en Argentina (como en otros países donde opera) vulneran también otros derechos humanos de los pueblos indígenas, reconocidos internacionalmente, como son el derecho al consentimiento libre, previo e informado –al que les da derecho el Convenio 169 de la OIT- la transnacional no cuenta con el permiso de las comunidades locales para operar-, o el derecho a poseer y utilizar sus tierras, territorios y recursos. También se han producido situaciones preocupantes de represión y hostigamiento por parte de las fuerzas públicas contra las personas y organizaciones opositoras a la actuación de la transnacional, incluyendo amenazas y detenciones extrajudiciales.

Las plataformas y organizaciones firmantes, denunciamos y lamentamos este apoyo público a  Repsol, que se produce además en una época de crisis económica y financiera severa en nuestro país y que constata la preocupante asunción, por parte del Gobierno, de los intereses de esta transnacional petrolera. Hecho que ya veníamos denunciando a raíz de la aprobación, hace escasos meses, de una subvención de 150.000 por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la Fundación Repsol YPF de Ecuador, para sus actuaciones en los territorios en los que opera en la Amazonía.

Nos vemos también obligadas a advertir del peligro que subyace en el modelo extractivista representado por ésta y otras transnacionales petroleras, mineras, madereras y de otra índole, el cual no parece que vaya a verse afectado por el hecho de la expropiación, a tenor de las declaraciones emitidas en los últimos días por el Gobierno argentino. Dicho modelo, como han señalado el Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos -mandatados por las Naciones Unidas- es en la actualidad, una de las mayores causas de violación de derechos humanos en el mundo.

Organizaciones firmantes:

Observatorio por las Multinacionales en América Latina (OMAL); Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG); Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI); Entrepueblos; Ecologistas en Acción – Ecologistak Martxan; alterNativa-Intercambio con pueblos indígenas; Grupo Intercultural Almáciga; Mugarik Gabe; Asociación Periferias; Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF); Salva la Selva; Plataforma Repsol Mata, Lliga dels Drets dels Pobles, ACSUR-Las Segovias, Plataforma 12 de Octubre nada que celebrar

Referencias:

Seguridad Juridica: para Repsol sí, para las Renovables no

Seguridad Juridica: para Repsol sí, para las Renovables no

 

No parece coherente defender la seguridad jurídica de nuestras empresas en Argentina cuando antes se arrebató aquí la seguridad jurídica de las renovables. Nada más llegar al poder el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, suspendió las primas a las energías renovables, lo que supuso un parón a este tipo de proyecto.

En este artículo, extraido de la web Energías Renovables, se evidencia la incoherencia del gobierno que vulnera la seguridad juridica de las renovables en España y pelea a muerte por Repsol.

 Fundación Renovables reclama una política que salvaguarde nuestra independencia energética

“No parece coherente defender la seguridad jurídica de nuestras empresas en Argentina cuando antes se arrebató aquí la seguridad jurídica de las renovables”, asegura la Fundación Renovables, al tiempo que califica de “errática” la política energética española y “muy vulnerable” debido a la “tremenda dependencia del exterior”.

La Fundación Renovables considera que la expropiación de YPF puesta en marcha por el Gobierno argentino y la posterior reacción del Gobierno español “pone en evidencia las numerosas contradicciones de la errática política energética de nuestro país, entre las que destaca la preocupación por la seguridad jurídica de las empresas petroleras fuera de nuestras fronteras mientras en España se ha vulnerado reiteradamente en los últimos años la de las empresas renovables”.

 La Fundación también critica “el mantenimiento de un modelo con una tremenda dependencia del exterior, en una economía basada en los combustibles fósiles, muy vulnerable en todos los aspectos”. Este modelo, afirma, “supone una ruina para nuestro país porque no existe una `política exterior energética` que vele por la imprescindible independencia de España en este ámbito que solo las renovables y las políticas de ahorro y eficiencia pueden garantizar”.

Considera, además, que ha existido una “sobreactuación del Gobierno español demostrando una extrema sensibilidad en este asunto mientras da la espalda a los verdaderos problemas de la energía”. Así, indica que “mientras la eólica bate récords de producción demostrando su eficacia y su perfecta integración en la red o la fotovoltaica confirma, día a día, la reducción de los costes de inversión, los precios de los combustibles fósiles se incrementan, confirmando la amenaza de una alta volatilidad y, sin embargo, la apuesta del Gobierno sigue siendo la de mantener uno de los ratios de dependencia del petróleo más altos de Europa con la moratoria al desarrollo de las tecnologías renovables”.

 

El error de depender del petróleo
La Fundación critica que “los análisis de las condiciones internacionales que determinan la política energética nunca se hacen ni se tienen en cuenta excepto cuando, a toro pasado, ocurren hechos como la expropiación que ha sufrido Repsol por parte del Gobierno de Argentina”. Al respecto, recuerda que la Agencia Internacional de la Energía lleva años alertando a todos los gobiernos que las reservas de gas y petróleo crecen menos que su demanda en todo el mundo y su declive anual, medido por el diferencial entre nuevas prospecciones y crecimiento de la demanda, se estima entre el 6 y el 7% cada año. “Este hecho marca la nueva situación energética mundial de precios elevados de los combustibles fósiles, con un impacto económico cada vez más grave por elevación de precios, inflación, tipos de interés, déficit comercial y emisiones contaminantes”, señala.

 

“Durante la última década se ha incrementado la nacionalización de las reservas por parte de todos los países suministradores y los casos han sido tan numerosos que la nacionalización de YPF por el Gobierno de Argentina era un hecho anunciado y que debería haberse tenido en cuenta por los cambios acaecidos en la geopolítica del gas y del petróleo en las últimas décadas”, afirma la Fundación. “El hecho mismo de que el decreto de apoyo al biodiésel español estuviese metido en un cajón desde hace un año lo demuestra”.

Todo lleva a la conclusión, continua, de que “la economía de los combustibles fósiles tiene un límite geológico, ambiental, económico y político que la hace extremadamente vulnerable para aquellos países, como España, con una dependencia energética superior al 80% y más del 50% de sus necesidades energéticas cubiertas por el petróleo”. Y asegura que mantener la economía del petróleo con una dependencia tan elevada es una ruina. “Se trata de fuentes agotables, sucias y caras. En nuestro caso diez veces más caras para el consumidor que las fuentes de origen renovable”.

 

Política energética especulativa
Para la Fundación, la política energética de nuestro país en las últimas décadas se ha caracterizado, además,  por incentivar el mayor consumo de energía y el predominio de las operaciones corporativas en el sector de la energía. “Las mayores inversiones energéticas de las últimas décadas, cerca de 40.000 M€, han ido destinadas a la compra venta de activos energéticos, razón por la que el valor de las acciones resulta determinante y deja al margen otros factores vitales para el país como son la dependencia y la eficiencia energética”, indica.

 

“La verdadera amenaza para la sostenibilidad económica de nuestro sistema energético son la dependencia energética y la falta de ahorro y eficiencia en el uso de la energía”, añade. “Desde 2008 la crisis ha puesto en evidencia cómo mantener la apuesta por el carbón, el gas y el petróleo y, por el contrario, el freno y retroceso impuestos a las renovables y al ahorro de energía han conducido al incremento constante de los costes del sistema apoyándose en la falta de transparencia en la conformación de precios y en la falta de competencia”.

También critica la Fundación la pérdida de soberanía provocada por este modelo, haciendo que buena parte de nuestro sistema energético está en manos extranjeras. Así, recuerda que Endesa y Cepsa son de Italia y Abu Dhabi, respectivamente, Hidrocantábrico de Portugal o Viesgo de Alemania. Y ahora, por la expropiación del Gobierno argentino, Repsol y GN-Fenosa han pasado automáticamente a ser “opables” en los mercados internacionales . Todo ello, advierte, “conduce a que España se puede quedar, en poco tiempo, sin ninguna de sus principales empresas energéticas”.

 

¿Seguridad jurídica?
Para la Fundación, defender ahora de seguridad jurídica de nuestras empresas en Argentina tampoco resulta coherente “cuando antes se arrebató la seguridad jurídica de las renovables en nuestro propio país o cuando la incertidumbre regulatoria ha puesto al sector energético en vigilancia por las empresas de rating”. Y no duda en recordar que “la vulnerabilidad de la seguridad jurídica de España hacia las inversiones en renovables nos ha desacreditado a nivel mundial y han provocado un aluvión de recursos en los tribunales de arbitraje internacional”

 

“Parar las renovables y obligarlas a deslocalizarse de su propio país sólo puede calificarse de política suicida y de falta de visión estratégica –continúa. En los últimos balances energéticos se puede observar que son la única energía cuyo mayor consumo es capaz de reducir nuestras importaciones de gas y petróleo y la emisiones de CO2. Convendría que nuestra política energética tuviera un poco más de orgullo a la hora de defender la única energía que es del todo nuestra y convirtiera a las fuentes renovables en un instrumento de identidad nacional; en eso consiste el liderazgo”.

En conclusión la Fundación Renovables vuelve a reivindicar otra política energética que se asiente en la independencia energética nacional, basado en las siguientes premisas: el consumo masivo de renovables e internalización de costes de todas las fuentes de energía para que se conozcan los costes reales de cada una de ellas; plan nacional de ahorro de energía, con objetivos obligatorios y penalizando el derroche de energía y de emisiones de CO2; e impulso de un nuevo patrón de crecimiento económico a través de la economía de las renovables y de la eficiencia energética como sector industrial y tecnológico, generador de empleo y de desarrollo regional.

 

Más información:

 

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