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"Resulta difícil entender cómo un gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia". Artículo de Alberto Acosta. También se reproduce el artículo del ministro alemán Niebel! "Selva en vez de petróleo? y la respuesta de Alberto Acosta "YASUNÍ, UN PRECEDENTE HISTÓRICO".

“Toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera”.

 Michael J. Watts (1999)[2]

Resulta difícil entender cómo un gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores del Territorio y Parque Nacional Isibore Sécure (TIPNITS), optó por la represión. Desplegando una inusitada violencia policial se trató de disolver una marcha de pueblos indígenas, que defienden sus derechos y la Constitución de su país. Con su acción pacífica, estos grupos se oponen a la construcción de una carretera, financiada por capitales brasileros, que atravesaría el TIPNITS para facilitar la explotación de yacimientos petroleros. Y, de paso, ellos ponen en evidencia las contradicciones de su gobierno.

La indignación y la frustración se expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo. Adolfo Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera su malestar: “Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Éste gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación”.

Seguramente serán muchas las (sin)razones oficiales para explicar dicho acto violento que nos confronta con una realidad poco conocida. La violencia y la represión, más allá de algunas etapas de mayor intensidad en algunos momentos históricos, están latentes en una modalidad de acumulación que agrede sistemática y masivamente a la Naturaleza e incluso a la sociedad. Lo que acaba de suceder en Bolivia, con el agravante de que un gobierno que se proclama representante de los indígenas reprima a indígenas, ha sucedido o sucede aún en casi todos los países ricos en recursos naturales.

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo y a sufrir diversas formas de autoritarismo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales. Estos países estarían atrapados en la lógica perversa de la maldición de la abundancia”[3]: ¿Será que son países pobres, porque son ricos en recursos naturales?

Violencia y autoritarismo de la mano del extractivismo

La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Basta ver la represión en Yukumo, Bolivia, por defender el TIPNIS o la desatada por el gobierno de Alan García en el norte de la Amazonía peruana, en junio del 2009 o las que produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines del 2007.[4]

Inclusive hay una violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo, como algo prácticamente inevitable: podría decirse que en estas sociedades existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los niveles más altos de definición política.Eso explica porque los gobernantes progresistas, al asumir el papel de portadores de la voluntad colectiva, tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad forzando el extractivismo: una suerte de modernización pasadista…

Estas actividades extractivistas generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades, las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras, etc. Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo, se conforman empresas extractivistas en las participan grupos indígenas para explotar estos recursos naturales no renovables en zonas conflictivas, como sucede ahora en el Bloque Armadillo en Ecuador, en donde -constitucionalmente- está prohibido extraer petróleo por existir evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos y genera más rupturas internas.

La violencia incluso aflora afora también, cuando los gobiernos, incluso aquellos considerados como progresistas, como en el caso de Ecuador, criminalizan la protesta popular que emergen contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas… para poder reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial.

En suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó al subdesarrollo.

Tampoco han faltado guerras civiles, hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos en los últimos tiempos. Para ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de las reservas petroleras y gasíferas. Los bombardeos de la OTAN a Libia parece que van también en esa dirección.

Esta violencia casi innata a esta maldición de la abundancia está vinculada, con mucha frecuencia, a regímenes autoritarios. La masiva explotación de los recursos naturales no renovables, depredadora en esencia, es posible atropellando a ciertos segmentos de la población en beneficio de la colectividad y para lograr el desarrollo, al decir de los gobernantes.

Los masivos ingresos obtenidos han permitido el surgimiento de Estados paternalistas y autoritarios, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera, así como a su capacidad de imponer nuevos proyectos extractivistas supuestamente indispensables para encarar la pobreza y desarrollar la economía; proyectos que, de conformidad con la propaganda oficial, hasta servirían para proteger el ambiente...

Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder, acumulándolo cada vez más, y/o por su intención de acelerar una serie de reformas estructurales que, desde su particular perspectiva, asoman como indispensables para transformar las sociedades. Son Estados que al monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la violencia represiva y política.

En estas economías extractivistas se ha configurado una estructura y una dinámica política no solo violenta y autoritaria, sino voraz. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los recursos fiscales.

Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden ser construidas con una amplia y sostenida participación ciudadana), aparecen en escena los diversos grupos de poder, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.

Todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces, proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos países no asoman los mejores ejemplos de democracia. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad existente o impide su construcción.

Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza justicia, cogobierno, equidad, etc.), y de desplazarlos democráticamente del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores.América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo.

Como consecuencia de los elevados ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales y las abiertas posibilidades de financiamiento externo, los gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En este punto, entonces, asoma nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo internacional, sea privada o multilateral, corresponsable de los procesos de endeudamiento externo. Últimamente China concede cada vez más créditos a varios países subdesarrollados, particularmente de África y América Latina, con el fin de asegurarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra para la producción agrícola, además de la construcción de importantes obra de infraestructura.

En definitiva, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias.

Esta es una gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza.

Del extractivismo colonial al extractivismo del siglo XXI

Hace muy pocos años se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América Latina. Las políticas económicas de los gobiernos progresistas, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño de transformación, como vemos en la práctica y por más que se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por las lógicas primario-exportadoras, no afecta (aún) la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia. Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y económica.

Sin embargo establezcamos algunas diferencias. Hay avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado de la defensa del interés nacional y de una consecuente acción estatal para tratar de reducir la pobreza. Entre los puntos destacables, sin negar la existencia de algunas graves situaciones contradictorias, aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han fortalecido las empresas estatales extractivistas. Y desde una postura nacionalista, a través de algunos ajustes tributarios, se procura una mayor tajada de la renta petrolera o minera.

Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales. De esta manera, estos Estados tratan de enfrentar activa y directamente la pobreza.

Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas e incluso significativo el esfuerzo para reducir la pobreza, esto no cambia la modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El real control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital transnacional, que directa o indirectamente determina la evolución de dichas actividades. Por cierto, en América Latina juega un papel preponderante el peso de Brasil y sus intereses, a través de sus diversas empresas con vocación global.

Perversamente muchas empresas estatales de estas economías extractivistas (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales. De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no es suficiente.

Igualmente contradictorio es el hecho de que estos gobiernos, supeditados por los intereses geopolíticos transnacionales, de las viejas y nuevas hegemonías como China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista; como son aquellos diseñados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El eje Manta-Manaos, entre Ecuador y Brasil, es una muestra de esta aseveración.

Gracias al petróleo o a la minería, es decir a los ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, los gobernantes progresistas logran consolidarse en el poder y desplegar renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan, como en épocas neoliberales a que la pobreza se reduzca algún día por efecto del crecimiento económico, que a su vez provocaría una mayor concentración del ingreso; situación que luego beneficiaría a la colectividad a través de nuevas inversiones que provocarían nuevos empleo e ingresos adicionales. Los gobiernos progresistas, que entendieron que no funciona esa teoría neoliberal, de manera consciente, inspirados en criterios de justicia social, están empeñados en reducir las inequidades en la sociedad.

Lo anteriormente expuesto es lo que sucede con los actuales gobiernos progresistas de la región. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta -con justificada razón- reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado para liderar el proceso de desarrollo, y no dejarlo al destino atado a las fuerzas del mercado. Lamentablemente con todo este esfuerzo estatal no se logra (o no si quiere) alterar las bases estructurales de la modalidad de acumulación extractivista.

Así las cosas, la producción y las exportaciones de materias primas mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. La depredación ambiental y el irrespeto social están a la orden del día.

Lo que resulta notable y por cierto lamentable, es que, si bien se ha conseguido reducir la pobreza en los países con gobiernos progresistas, las diferencias e inequidades en la distribución de la riqueza se mantienen inalteradas. Los segmentos empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios” de parte los gobernantes progresistas, no han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado extractivismo y desarrollismo (al menos eso sucede en Ecuador).

En consecuencia, la relativa mejoría en las condiciones de vida delos segmentos tradicionalmente marginados de la población ha sido posible gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros, no como resultado de una profunda redistribución de la riqueza. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos políticos de redistribución de dicha riqueza.

Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales. Pasivos que ocultan, muchas veces, procesos en extremo violentos atados a la lógica extractivista, que implica una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra e incluso a las comunidades.

En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial, causa primigenia del subdesarrollo.

Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen estos países. Construir el Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos. Pero no solo los disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja. Para lograrlo, salir de la trampa del extractivismo es indispensable.-

Loja, 30 de septiembre del 2011

 

[2]Watts,Michael J.; “Petro-violence-Somethoughtsoncomunity, extraction, and politicalecology”, WorkingPapers, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1999. Aquí se estudia el caso de la violencia petrolera en Nigeria y Ecuador.

[3]Acosta, Alberto; La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, 2009. Disponible en http://www.extractivismo.com/documentos/AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf Sobre este tema se pueden encontrar en el mismo portal http://www.extractivismo.com/ aportes valiosos de Eduardo Gudynas, JürgenSchuldt, HumphreysBebbington y A.J. Bebbington, MariastellaSvampa, entre otras personas.

[4] Hay que recordar que la Asamblea Constituyente, al año siguiente, otorgó la amnistía para las personas víctimas de dicha represión.

 

¿SELVA EN VEZ DE PETRÓLEO?

DIRK NIEBEL[i] Ministro de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

Taz Die Tageszeitung <www.taz.de>

Suena tentador: La comunidad internacional aporta solidariamente a un fondo, con el cual se financiarán medidas de protección del bosque tropical Yasuní.

A cambio de ello, el gobierno ecuatoriano se abstiene de otorgar los permisos para la explotación petrolera en la región. Un enfoque pedagógico, según María Espinoza, Ministra de Patrimonio Natural y Cultural, el 13 de septiembre en el TAZ[ii].

Ella dijo que la iniciativa “Selva en vez de petróleo” supera “con creces el tema de la transferencia de dinero”. Por lo tanto, muchos lo consideran un proyecto magnífico. Y, tal vez sea, para algunos políticos, un titular impresionante. ¿Conque un proyecto magnífico?

La semana pasada visité Brasil, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Quedé impresionado con el primer mecanismo de financiación a nivel mundial para un régimen de REDD. REDD significa Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de bosques.

Brasil implementa este enfoque a través del Fundo Amazônia “Fondo Amazonía para la Protección del Bosque y el Clima”. Brasil quiere reducir en 80 por ciento la deforestación en la Amazonía hasta el año 2020. Ello requiere el uso de recursos considerables, los cuales deben ser captados en parte a través del fondo, un mecanismo de financiación que conecta, por primera vez, la deforestación en la Amazonía con el debate internacional sobre el clima.

Actualmente se lleva a cabo una intensa y comprometida discusión respecto a las posibilidades de encontrar vías innovadoras para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Esta discusión es importante, en virtud de que, al fin y al cabo, se trata de la lucha por proteger eficazmente los bienes públicos globales.

La conservación de la biodiversidad y la protección del ambiente y del clima revisten una gran importancia para la política alemana de desarrollo. Solamente para América Latina, empleamos para ello aproximadamente 120 millones de Euros por año. En nuestra cooperación hemos ganado muchas experiencias. Una experiencia importante es: No todo lo bien intencionado funciona bien.

También en Ecuador, apoyamos la protección de la biodiversidad, del clima y de la población indígena. He ratificado reiteradamente este compromiso, en virtud de que tenemos un interés común en la conservación del bosque tropical.

Éste es indispensable para el clima a escala mundial, motivo por el cual su destino afecta también de un modo directo a Alemania. Es decir: Comparto expresamente los objetivos de la política ambiental del gobierno ecuatoriano. Y, aún así, considero que el Fondo Yasuní  es un instrumento desacertado.

Base de cálculo errónea

Cambio de escena hacia Brasil. La cantidad de recursos que pueden ser retirados del Fondo Amazonía para combatir la deforestación se determina en función de la tasa de deforestación. Si la misma disminuye en relación a un valor referencial, se aportan dineros al fondo.

Si la deforestación aumenta, no se efectúan aportaciones. Por lo tanto, la cantidad de fondos que se captan se calcula con base en la tasa reducida de deforestación en el bosque tropical amazónico. La verificación de los efectos logrados se fundamenta a través de una estadística de deforestación calculada por vía satelital.

El mecanismo premia la actuación y se mide con efectos concretos. Un enfoque pedagógico, para reproducir las palabras de María Espinoza. En el Yasuní, esto se ve diferente.

A diferencia del Fondo Amazonía, la cantidad de las contribuciones en el Yasuní-ITT se determina por los ingresos no percibidos de los recursos petroleros, pero no por la reducción de emisiones de CO2, basada en la deforestación evitada. Ello no promueve incentivos políticos. Se recompensa la abstención de la explotación petrolera, mas no la protección activa del bosque o de la población indígena. ¿Un enfoque pedagógico?

A ello se suma: Aún se están discutiendo los detalles del enfoque REDD a nivel internacional. Con la estructura del Fondo Yasuní, nos quedaríamos atrás en relación al nivel actual de la discusión, especialmente en lo concerniente a los estándares sociales y ecológicos mínimos, a la participación de los grupos indígenas y de la sociedad civil y a las mediciones necesarias de los efectos.

Nosotros crearíamos en su lugar un mecanismo adicional. Ello contradiría claramente la agenda de la eficacia internacional, de París, Accra y Busan, a la vez que, no obstante los intensos esfuerzos por promocionar el fondo, no se detecta un amplio apoyo internacional de otros donantes para el mismo.

Ninguna recompensa negativa

Quien habla de proyectos pedagógicos, debe ser consciente de las consecuencias de su proceder: Una gran parte de la existencia de recursos se encuentra en los países en vías de desarrollo y en los emergentes.

Por consiguiente, de manera muy consciente, no creo ningún precedente que desemboque en nuevas demandas de proporcionar recursos financieros para prescindir de daños ambientales – al igual que yo no establezco un fondo como recompensa por que los barcos con alimentos dejen de ser asaltados por piratas frente a Somalia.

Mi objetivo, como Ministro de Desarrollo, debe ser apoyar a nuestros países contraparte para que sus riquezas en recursos sean una bendición y no una maldición para ellos. Esto lo podemos lograr de la mejor manera, haciéndoles ofertas de apoyo acordes, como por ejemplo REDD en el sector ambiental.

Soy consciente de que: A quien advierte sobre las debilidades del enfoque del proyecto Yasuní, rápidamente se le atribuye estar más interesado en los recursos que en la protección del bosque. Asumo lo que implica la mala prensa,  pues se trata de una cuestión metodológica básica: Prescindir de la explotación petrolera lisa y llanamente no es suficiente para proteger el bosque, y los pagos de compensaciones constituyen un enfoque poco promisorio de éxitos en materia de protección climática.

Lo que suena tentador no es precisamente el camino adecuado. Comparto los objetivos del gobierno ecuatoriano, pero no comparto, explícitamente, el instrumento que se pretende. Para Ecuador es crucial aprovechar el momento internacional para una mayor protección del clima y del bosque.

Por lo tanto hemos sugerido al gobierno ecuatoriano extender a la región del Yasuní el marco del compromiso existente con REDD en Ecuador.-

[i] Dirk Niebel es ministro de Cooperación Económica y Desarrollo (FDP) del gobierno federal de Alemania. El 24 de septiembre, el ex ministro de energía, Alberto Acosta, responde en el TAZ a este artículo.

[ii] Portal de noticias (www.taz.de)

 

YASUNÍ, UN PRECEDENTE HISTÓRICO por Alberto Acosta

El petróleo o la vida

YASUNÍ, UN PRECEDENTE HISTÓRICO

Alberto Acosta[i] Taz Die Tageszeitung <www.taz.de>

Romper tradiciones y mitos siempre será una tarea compleja. El llamado al realismo frena los cambios, los beneficiados por privilegios que podrían verse afectados los resisten, y siempre habrá oportunistas que invocan el pragmatismo para frenar dichos cambios. Por eso la idea de no explotar el petróleo en la Amazonia, y de hacerlo para proteger la vida, desde el inicio tuvo detractores. Sabíamos que era difícil abrirse paso en un escenario nacional e internacional dominado por los intereses petroleros, dispuestos a hacer lo imposible para domesticar el potencial innovador de esa propuesta revolucionaria.

La llamada Iniciativa Yasuní ITT se basa en cuatro pilares: 1) conservar una biodiversidad inigualable en todo el planeta -la mayor registrada por científicos  hasta el momento-, 2) proteger el territorio y con ello la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, 3) cuidar el clima para todo el mundo manteniendo represado en el subsuelo una significativa cantidad de petróleo, 4) dar un primer paso en Ecuador para una transición post petrolera. Como un quinto pilar podríamos asumir la posibilidad de encontrar colectivamente -como humanidad- respuestas concretas a los graves problemas globales derivados de los cambios climáticos provocados por el propio ser humano.

Esta Iniciativa supera los discursos vacíos e incluso acuerdos que ya resultan obsoletos, como el Protocolo de Kioto. Tuvo la fortaleza de colocar en el escenario internacional una verdad -no siempre aceptada- de que la crisis del clima se debe especialmente al sobre consumo de energéticos fósiles, como el petróleo. Plantea reclamos profundos, estableciendo la necesidad de buscar soluciones globales por parte de todas las sociedades del planeta a partir del reconocimiento de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Con esta Iniciativa no se propone conformar un fondo para justificar medidas destinadas a premiar la destrucción ambiental en unas zonas del globo terráqueo a cambio de que en otras regiones, otras sociedades, normalmente las pobres y marginadas, asuman las responsabilidades ambientales de las sociedades opulentas. Para nada se busca sostener y menos aún ampliar un sistema de mercantilización de la Naturaleza, causante directo de la destrucción de los ecosistemas  y del clima en general. Con esta Iniciativa se critica la mercantilización de las funciones de la Naturaleza y las respuestas evasivas que construyen mercados ficticios: el del carbono, como nuevo territorio virgen abierto a la expansión y la explotación del capital.

Es comprensible, entonces, que ciertos personajes no comprendan (o no quieran comprender) el valor critico, innovativo y pedagógico de la Iniciativa Yasuní-ITT. Cegados por sus intereses y sus miopías, les resulta imposible entender la diferencia de actuar sobre el objeto del problema: los energéticos fósiles, en este caso el petróleo. Y más bien se limiten a sugerir el establecimiento de un fondo para impulsar la conservación de los bosques, ampliando los campos de colonización del capital e introduciendo más y más a la Naturaleza en la lógica mercantil. Bajo esa perspectiva, a tono con los mercados de derivados financieros del capitalismo en crisis, han creado los Programa Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), como mecanismo mercantil.

Apostar por un REDD mercantil y no por el ITT, introduciendo en el debate el ciclo del carbono, constituye, además, una declaración pública de ignorancia. No se puede comparar el carbono del petróleo, con el de los bosques. El primero es tiempo geológico, el segundo tiempo biológico. Un REDD mercantilizado se centra en valorar el carbono vegetal contenido en los bosques, como parte de un modelo de compra-venta de reservorios de carbono, tal como lo hacían los Mecanismos de Desarrollo Limpio ligados a la absorción de emisiones.

La Iniciativa Yasuní-ITT plantea evitar dichas emisiones y al hacerlo desbarata la lógica de las políticas para proteger el clima, vigentes hasta ahora. Impulsar los proyectos REDD es desconocer sus impactos negativos en las comunidades indígenas, en sus territorios, en sus economías y en sus culturas. Fomentar REDD da paso apenas a la monetarización de las responsabilidades. Al propiciar REDD se lleva la conservación de los bosques al terreno de los negocios. Se mercantiliza y privatiza el aire, los bosques, los árboles y la tierra misma. Es finalmente un acto de ceguera mercantil en torno a la urgencia de iniciar un giro hacia una civilización post petrolera, con el fin de descarbonizar la atmósfera.

La instrumentación de los proyectos REDD no evita la extracción masiva y depredadora de recursos naturales, orientada al mercado mundial, causante no solo del subdesarrollo, sino también de la crisis ambiental global. Al contrario, estos proyectos REDD podrían actuar, en la práctica, como un incentivo para que las comunidades permitan operaciones extractivistas, que de otra manera serían rechazadas en sus territorios. REDD, en síntesis, recoge el espíritu de los espejitos con los que los europeos iniciaron la conquista de América.

La Iniciativa Yasuní-ITT, construida desde la sociedad civil y que luego fue asumida por el actual gobierno ecuatoriano, nos invita a ser audaces y creativos, pero sobre todo responsables. Desde su primera formulación oficial esta propuesta convocó al debate internacional. Así, desde diversas regiones del planeta se recibieron voces de aliento. Uno de los espaldarazos decisivos provino del Bundestag, cuando representantes de todas las fracciones parlamentarias, en junio del 2008, instaron a su gobierno para que se comprometa con esta propuesta. Por eso sorprendió mucho la decisión del ministro Dirk Niebel, en septiembre del año pasado, cuando le dio un golpe bajo a esta Iniciativa.

Esa decisión del ministro de Cooperación alemán mermó las posibilidades de conseguir respaldos efectivos, pues muchos potenciales contribuyentes asumían como sólido el compromiso alemán. Ese ofrecimiento abría muchas puertas. Pero ahora parece que, al menos temporalmente, se ha impuesto la mentalidad mezquina de un mercader y no la lúcida de un estadista. El ministro no comprende todavía los retos ambientales globales a pesar de sus continuados safaris por el mundo.

Es cierto, no podemos negarlo, hasta ahora el gobierno ecuatoriano tampoco ha logrado transformar esta Iniciativa en una propuesta sólida. Su presidente ha contribuido para posicionar esta Iniciativa a nivel internacional, sea en Naciones Unidas, en la misma OPEP o en muchos otros foros en diversas partes del planeta. Pero, lamentablemente, él mismo presidente plantea con demasiada insistencia a la comunidad internacional la disyuntiva de que si no hay el financiamiento internacional se explotará el petróleo… la idea de un chantaje flota en el ambiente. Y eso genera incertidumbres en el mundo.

En Ecuador, a pesar de estas limitaciones, se ha avanzado en crear las condiciones para sostener la Iniciativa Yasuní-ITT. El pueblo ecuatoriano, en el año 2008, reconoció en su nueva Constitución los Derechos de la Naturaleza, transformados en un mensaje vigoroso para impulsar cambios profundos en el mundo. Ese mismo pueblo, en esa ocasión, asumió constitucionalmente al agua como un derecho humano fundamental; mandato que fue recogido por Naciones Unidas en julio del año 2010.

En definitiva, el pueblo de este pequeño país andino está en la vanguardia para construir una sociedad humana que se entienda definitivamente como parte de la Naturaleza. Por eso invita a la comunidad internacional a asumir también sus responsabilidades, dejando de explotar un petróleo que la humanidad se consumiría en apenas nueve días, para propiciar el reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza. Y desde esa perspectiva, superando visiones estrechas y egoístas, espera que muchas Iniciativas de este tipo florezcan en el mundo: la consiga es crear dos, tres, muchos Yasunís !!!

[i] Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-ministro de Energía y Minas. Nota: este texto sirvió de base para el artículo publicado el sábado 24 de septiembre del 2011, en el diario TAZ de Berlín, como respuesta a un artículo de Dirk Niebel, Ministro de Cooperación, publicado en el mismo diario el día anterior, viernes 23 de septiembre.